La Reforma Judicial

Introducción

El pasado miércoles 29 de julio, el presidente Alberto Fernández anunció un proyecto de ley de reforma judicial. La propuesta consta de cuatro ejes centrales: fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, traspaso de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fusión de los fueros Civil y Comercial Federal y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fortalecimiento de la Justicia Federal en las provincias. Asimismo, se presentó a los integrantes de un Consejo Consultivo que se expedirá acerca de eventuales reformas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y a la posibilidad de introducir el juicio por jurados en el ámbito Federal.

La oportunidad elegida para lanzar estos proyectos resulta al menos llamativa. Nos encontramos atravesando un delicado momento sanitario producido por la pandemia del COVID-19, el propio Poder Ejecutivo ha decretado la emergencia sanitaria y económica y se avecina una crisis social y económica sin precedentes. En este contexto, el gobierno nacional decide otorgar prioridad en su agenda a la reforma de un poder del Estado, asignando tiempo y recursos estatales a un tema que, si bien es necesario, carece de urgencia en este momento y dificulta la posibilidad de arribar al consenso necesario para afrontar complejas modificaciones a las estructuras judiciales.

En efecto, las reformas judiciales no pueden ser diseñadas a las apuradas ni impuestas por la fuerza de mayorías legislativas circunstanciales. Este tipo de modificaciones institucionales deben ser discutidas a través de un amplio y generoso diálogo que incluya la participación de los actores intervinientes (jueces, fiscales, defensores, abogados, sindicatos y facultades de derecho, entre otros), de especialistas en la materia y de representantes de la sociedad civil.

A su vez, debido a la trascendencia y posible impacto de los cambios impulsados, también resulta esencial que sea parte de un acuerdo programático acordado con las distintas fuerzas políticas, para otorgarle la legitimidad que requieren reformas de esta naturaleza.

En el presente informe se efectuará un análisis del proyecto de ley anunciado, adelantando que no se trata de un plan orgánico de reformas, sino de una creación desmesurada y costosa de cargos judiciales, que presenta serias inconsistencias y algunos reparos de índole constitucional.

 

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