Buenos Aires, 18 de junio de 2026 – El Decreto 467/2026 modifica el régimen de preselección de candidatos para la Corte Suprema, el Ministerio Público y la selección de jueces, fiscales y defensores. Si bien mantiene la intervención constitucional del Senado, reduce instancias relevantes de publicidad, participación ciudadana y control previo ante el Poder Ejecutivo.
El punto central es institucional: la instancia ante el Ministerio de Justicia no duplicaba el procedimiento del Senado. Operaba en otro momento y ante otro poder del Estado. Permitía que ciudadanos, colegios profesionales, universidades y organizaciones especializadas aportaran información antes de que el Presidente tomara la decisión de nominar o elegir dentro de una terna.
Eliminar esa instancia no simplifica un trámite repetido: reduce una garantía republicana.
La reforma también limita los canales de publicidad, al reemplazar publicaciones en diarios nacionales y locales por una difusión más restringida en Boletín Oficial y web oficial. Modernizar la comunicación estatal es necesario, pero modernizar no puede significar achicar la transparencia. Una política pública seria debería ampliar canales digitales, no reducir el alcance del control ciudadano.
Otro retroceso relevante es la eliminación del informe patrimonial complementario de ARCA —ex AFIP— incorporado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. La declaración jurada del postulante es necesaria, pero no suficiente. En cargos de máxima responsabilidad judicial, la integridad patrimonial debe poder contrastarse con información objetiva, reservada y técnicamente verificable.
También preocupa la derogación del criterio que recomendaba considerar diversidad de género, especialidad y procedencia regional para la integración de la Corte Suprema. La idoneidad individual es indispensable, pero la composición colectiva del Tribunal también importa: una Corte plural, equilibrada y con perfiles jurídicos diversos fortalece su legitimidad institucional.
La cobertura de vacantes judiciales es urgente. Pero la urgencia no justifica debilitar controles de transparencia, integridad y participación. La respuesta republicana no es menos control, sino mejores procedimientos: más ágiles, más públicos, más previsibles y más confiables.
La confianza en la Justicia empieza antes del nombramiento. Empieza en cómo se selecciona a quienes van a juzgar.