Nota de Opinión – Eduardo Plasencia, Ex coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad.
El gobierno anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y transferir sus funciones al Ministerio de Economía y otras áreas del Estado.
La medida es dolorosa, pero tiene su lógica considerando que el organismo viene de décadas de deterioro institucional y técnico y en un gobierno que busca la reducción del Estado. Pero la falta de un plan y capacidades claras para la implementación amenaza con profundizar la crisis de las rutas en el inmediato y mediano plazo.
Actualidad
- Argentina tiene 40.000 km de rutas nacionales, la mayoría son estratégicas para mantener al país conectado. Vialidad Nacional cumplió un rol fundamental y pionero a nivel Latinoamérica en este desarrollo durante gran parte del s. XX.
- Hoy hay 10.000 km con alto tránsito donde se puede tener empresas privadas haciendo mantenimiento y algunas mejoras a cambio de un peaje. De hecho, siempre fue así hasta que en 2020 Alberto Fernández le entregó casi todos estos corredores a la mega-empresa pública Corredores Viales SA. El Gobierno ya tiene en marcha un plan para volver a privatizar estos corredores, pero marcha muy lento. Algunos de estos corredores fueron los PPP del gobierno de Macri.
- Los restantes 30.000 km hoy están a cargo de Vialidad Nacional que realiza un mantenimiento muy pobre con sus propios equipos y personal y algunas empresas contratistas locales. Estas son rutas tan estratégicas como la RN 11 en Santa Fe, la RN 22 en Río Negro o la RN 35 en Córdoba. El Gobierno tiene la intención de que esto vuelva a estar bajo operación privada, aunque el mecanismo y el financiamiento es incierto. De hecho, antes del gobierno de Fernández, el porcentaje de estas rutas que Vialidad mantenía con empresas contratistas era muchísimo mayor. El vaciamiento iniciado durante ese gobierno impidió que estos contratos continuaran y hoy Vialidad casi se hace cargo de todo.
Análisis
- Los 10.000 km concesionados pasarían a ser administrados por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Esto puede funcionar bien ya que en el fondo no cambiaría mucho respecto a lo que hay hoy y lo que hubo en las últimas décadas. Sin embargo, justo estamos licitando estos corredores de nuevo para sacarlos de la empresa estatal Corredores Viales SA. Es inevitable que este proceso de ralentice debido a la transición
- Sobre los 30.000 km que no están concesionados, no hay un plan claro. El Gobierno está intentando que las provincias se hagan cargo mientras se define cómo la Secretaría de Transporte mantendrá esta extensa red, pero no tienen recursos financieros ni operativos ni técnicos. Los Gobernadores están pidiendo que les den el Fondo de los Combustibles para hacerse cargo.
El gobierno debería asignar la una parte mucho mayor del Impuesto de los Combustibles para el financiamiento de las rutas nacionales y en todo caso “contratar” a las provincias para realizar tareas de mantenimiento mientras tanto se toman definiciones. En el mediano plazo, estos 30.000 km se podrían privatizar si se dispusiera una modalidad tipo PPP con uso del mismo fondo de los combustibles.
Se podría entregar la responsabilidad de las rutas nacionales a las provincias, pero debería establecerse reglas muy claras para el uso de los fondos y establecerse una fuerte supervisión y coordinación técnica desde Nación sobre las rutas troncales.
Otras cuestiones importantes de la medida
Los países desarrollados y en vías de desarrollo, desde Francia hasta Turquía o Brasil tienen sus redes troncales administradas por privados con peajes o fondos de impuestos como el de los combustibles. Los PPP permiten en gran medida esto.
La corrupción en la obra pública no se termina con la disolución de Vialidad Nacional. La corrupción depende de la honestidad de los funcionarios que manejan las obras, sean en Vialidad, en el Ministerio de Economía, en las provincias o en una asociación vecinal. Los mecanismos de control y los contratos inteligentes ayudan a reducir las oportunidades para robar, y las concesiones privadas son uno de ellos.
Vialidad fue usada por el kirchnerismo para robar. Durante el gobierno de Macri se implementaron reformas muy profundas que acabaron con estas prácticas para siempre y empezó a levantar su capacidad técnica, construyendo de obras con criterio económico y social y no político y renovando sus cuadros técnicos y modernizando su equipamiento, procesos y dinámica.
El gobierno de Alberto Fernández no pudo revertir estas reformas de transparencia, pero si comenzó con su vaciamiento, paralizando obras, expulsado talento y transfiriendo funciones a provincias y municipios.